La administración de Donald Trump analiza una posible acción ejecutiva que modificaría las obligaciones actuales de las instituciones financieras en Estados Unidos. La propuesta contempla que los bancos deban solicitar y validar información sobre la ciudadanía de sus clientes, tanto nuevos como existentes.
Según informaron fuentes a CNN, el eje de la iniciativa sería la obligación de recopilar documentación que acredite la ciudadanía, como el pasaporte u otros certificados oficiales. En la actualidad, las entidades bancarias no están obligadas a verificar el estatus migratorio ni la nacionalidad de quienes abren o mantienen cuentas.
Uno de los puntos en discusión es el alcance temporal de la medida. De acuerdo con The Wall Street Journal, se analiza si la exigencia se aplicaría únicamente a nuevos clientes o si también implicaría requerir información retroactiva a quienes ya poseen cuentas activas.
Representantes de la industria financiera manifestaron preocupación ante la posibilidad de que las entidades deban transformarse en intermediarias en materia migratoria.
“Es una mala idea. Estamos muy alarmados”, declaró una fuente del sector financiero a CNN. “Verificar el estatus de ciudadanía de cada cliente del banco sería inviable”, agregó.
De concretarse, la medida ampliaría los requisitos vigentes bajo las normas de “conozca a su cliente”, que hoy obligan a las entidades a corroborar datos como nombre, fecha de nacimiento y domicilio, principalmente con fines de prevención de lavado de dinero y otros delitos financieros.
CNN indicó que el plan se encuentra bajo revisión dentro del Departamento del Tesoro y que todavía no fue aprobado formalmente. Sin embargo, la administración federal sostuvo que ninguna política se define hasta que el presidente la comunica de manera formal.
La iniciativa se enmarca dentro de una estrategia más amplia para reforzar el control migratorio. Esto abriría un nuevo frente en la política del gobierno de Trump, que ha impulsado diversas medidas para reducir la permanencia de personas en situación irregular.
El análisis de la propuesta coincide con otros antecedentes recientes vinculados al intercambio de datos entre organismos federales. Uno de ellos involucra la cooperación entre el Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito de D.C. resolvió recientemente que es válido el intercambio de información entre el IRS y el ICE en determinadas circunstancias.
El tribunal rechazó un pedido presentado por organizaciones civiles que buscaban suspender de manera temporal el acuerdo de cooperación entre ambas agencias.
La decisión habilita que se compartan datos en el marco de investigaciones vinculadas a posibles delitos, incluidas situaciones de personas con órdenes finales de deportación.
Según lo establecido, el mecanismo no implica una transferencia automática de bases de datos. La agencia migratoria debe proporcionar una lista de individuos bajo investigación o con orden de remoción vigente. Luego, el organismo tributario verifica en sus registros si esas personas presentaron declaraciones y puede informar la dirección más reciente disponible.
Esta resolución judicial tiene impacto en contribuyentes que utilizan el Número de Identificación Personal del Contribuyente, conocido como ITIN, para declarar ingresos sin contar con estatus migratorio regular. En esos casos, los datos fiscales podrían ser utilizados en investigaciones específicas.

