Las detenciones migratorias aumentaron durante el primer año de la segunda administración Trump. A mediados de enero se registró un récord de 73.000 personas detenidas, según el American Immigration Council. Uno de los afectados por esta dinámica es Juan Carlos Mejía, un migrante guatemalteco que pasó 200 días detenido y fue liberado el 6 de enero.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) detuvo a Mejía el 19 de junio del año pasado en un local de Home Depot ubicado al noreste de Los Ángeles, California, un sitio habitual donde se reúnen inmigrantes jornaleros en busca de empleo y foco de la agencia en los últimos meses.
El migrante guatemalteco era el único sustento económico de su familia, conformada por su esposa y cinco hijos entre nueve y 19 años. Por tanto, se quedaron sin su única fuente de ingresos.
“En el día yo era fuerte por mis hijos, porque no quería que vieran ese dolor. Pero en la noche era el sufrimiento para mí de saber que mi esposo no llegaba, de no estar ahí”, dijo Esmeralda, esposa de Mejía, en diálogo con CNN.
Dos semanas después de su detención, los agentes federales trasladaron a Mejía a El Paso, Texas. Estuvo en el centro de detención hasta el 6 de enero, cuando su abogado Jeremy Anderson presentó una petición de libertad bajo fianza. “Es algo terrible que yo no se lo deseo a nadie”, señaló el guatemalteco.
Juan Carlos se encuentra en su casa con una tobillera electrónica en el pie izquierdo que monitorea su ubicación en todo momento. La audiencia por su caso está pautada para mayo en un tribunal en Venice, California.
En el juzgado, prevé solicitar la cancelación de su deportación. “Va a obtener un permiso de trabajo mientras pelea su caso y más adelante va a tener que comprobar ante el juez migratorio en Venice, no siendo detenido, por qué debería recibir el beneficio de la cancelación de deportación”, explicó su abogado.
Anderson aseguró a CNN que el guatemalteco no contaba con antecedentes penales al momento de su arresto. No obstante, vivía en Estados Unidos desde hacía 23 años con estatus irregular.
“Aparte de cosas sencillas como multas de tránsito, no lleva un récord penal. Su nivel de peligro ante la comunidad es nulo y su riesgo de huir de los Estados Unidos es casi inexistente por su situación familiar”, señaló el letrado.
Una de las estrategias que el defensor tiene presente para la familia es la obtención de la residencia permanente a través de sus hijos. Al tener un hijo ciudadano estadounidense que ya es mayor de edad, el matrimonio puede pedir la solicitud.
Con estas estrategias y a la espera de la audiencia, los Mejía mantienen la paciencia y esperanza en que las autoridades de inmigración permitan que Juan Carlos siga en Estados Unidos.
“Mi consejo a esas familias que están sufriendo, porque mi familia sufrió también, es que tengan fe y que nunca firmen su deportación”, dijo el guatemalteco.


