Santa Fe — Este viernes está prevista una reunión en el Senado encabezada por Patricia Bullrich, kefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza(LLA), con familiares de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado en Santa Fe a fines del año pasado. El caso volvió a poner en primer plano el debate por una eventual reforma del régimen penal juvenil y la discusión sobre la edad de imputabilidad.
La convocatoria se realizará en la Cámara de Senadores de la Nación y, según se indicó desde el entorno presidencial, el Gobierno evalúa impulsar una iniciativa durante las sesiones extraordinarias para fijar en 13 años la edad a partir de la cual los menores de edad puedan ser imputados.
Mientras tanto, en la investigación por el crimen de Monzón, la justicia local sumó una nueva imputación: Nadia Juárez, de 41 años, madre de la menor detenida. El fiscal Francisco Cecchini, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), le atribuyó una participación secundaria en el hecho y la acusó en el marco de una calificación de homicidio agravado, por la modalidad y la intervención de más de una persona.
Con la detención de Juárez, ya son cuatro las personas involucradas en la causa: la menor M.A., de 16 años, hija de la imputada; dos adolescentes de 14 años, que por su edad no son punibles, y la mujer recientemente imputada.
El crimen ocurrió el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón, en el acceso sur de la capital provincial. De acuerdo con lo que trascendió, Monzón, de 15 años y residente en Santo Tomé, fue citado al lugar por M.A. y luego atacado por dos menores que lo golpearon, le asestaron 23 puñaladas y lo agredieron hasta matarlo. Después, le sustrajeron la ropa y la descartaron en el lago del Parque Sur, donde también improvisaron una tumba.
En paralelo, un medio hermano de uno de los señalados como autores del crimen fue imputado este jueves por amenazas a un usuario de Instagram que había publicado mensajes para pedir justicia por el caso. Se trata de un joven de 18 años, identificado como Máximo U., a quien la fiscal Rosana Peresín le atribuyó amenazas coactivas realizadas entre el 22 y el 23 de enero desde su cuenta en la red social.
Ante el juez Leandro Lazzarini, el imputado se negó a declarar. De todos modos, se dispuso que permanezca detenido hasta una nueva audiencia, en la que se definirá si la investigación continúa con prisión preventiva u otra medida.
Según la acusación, los mensajes incluyeron insultos y amenazas directas para que la víctima dejara de publicar contenido sobre el caso. La fiscal sostuvo que el objetivo fue obligarlo a borrar posteos y reposteos realizados tras la viralización del video del asesinato de Jeremías Monzón, que expuso las agresiones sufridas durante el ataque.

