Ha llegado el momento de pensar cómo hacer para que Andrés Manuel López Obrador comparezca ante la justicia, en México o el extranjero.
No fue uno de los mejores presidentes mexicanos; la historia lo recordará por ser el presidente del millón de muertos (800 mil por Covid-19, 200 mil por la inseguridad); él y su familia cercana defraudaron y robaron a la nación alrededor de 55 mil millones de pesos (según el periodista Ramón Alberto Garza); sentó las bases de un sistema autoritario; trazó el plan y ejecutó una alianza con el Cártel de Sinaloa; dividió y polarizó al país; instauró la mentira como discurso oficial. Cumplió finalmente su objetivo de pasar a la historia, pero no al lado de Hidalgo, Juárez y Madero, sino de Santa Anna, Huerta y Díaz Ordaz.
Varios expresidentes han sido juzgados en América Latina: Alberto Fujimori, Luiz Inácio Lula da Silva, Cristina Fernández, Ricardo Martinelli, Rafael Correa, Otto Pérez Molina, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Castillo, etcétera.
Una de las condiciones para juzgar a un expresidente es que su partido haya dejado el poder. Los opositores revisan las cuentas del gobierno anterior y proceden, a veces por justicia, en otras ocasiones por venganza. Es muy difícil que un partido en el poder trate de juzgar a un presidente de su propio partido. Esto podría ocurrir si el partido se divide en facciones, algo que no es imposible que ocurra en México.
Actualmente, en el gobierno coexisten dos posiciones cada vez más enfrentadas. Por un lado se encuentran “los radicales”, admiradores del modelo venezolano y cubano, nacionalistas que piden una posición más firme ante los Estados Unidos de Trump, aunque eso provoque la ruptura del T-MEC. La otra facción es más pragmática y modernizadora; aconseja negociar con el gobierno del norte, a pesar de la obvia desventaja.
Es en el área de seguridad y economía donde se ubican aquellos que se inclinan a negociar con los Estados Unidos. La presidenta juega un papel intermedio entre los dos grupos en pugna. Conforme avance el gobierno, irá creciendo la tensión entre ambos por la postulación de candidaturas (que representan cotos de poder) hasta que ocurra el enfrentamiento decisivo motivado por la candidatura a la presidencia. Mientras llega ese momento, la intensa presión del gobierno de Trump ha enfrentado a los dos grupos antagónicos dentro de Morena.
Tanto la sociedad civil como los partidos de oposición deberían presentar sólidas denuncias contra el expresidente. Razones y elementos sobran, en todos los frentes (salud, economía, seguridad, corrupción, energía, Tren Maya, Dos Bocas…). Es verdad que no se espera ninguna acción de la FGR de Ernestina Godoy, por lo que le debe al expresidente, pero la sola presentación de esas denuncias ante la opinión pública a través de los medios iría preparando el terreno.
¿El terreno de qué? De las acciones que pueda emprender Estados Unidos en contra del expresidente. Luego de la operación contra Maduro, una extracción en Palenque se vuelve posible. La acusación contra Maduro fue por encabezar un grupo dedicado al narcotráfico. Me parece que con los capos del Cártel de Sinaloa concentrados en cárceles norteamericanas debe haber ya suficientes elementos para acusar y proceder contra López Obrador.
Algunos piensan que una acción de ese tipo provocaría una reacción popular en México. Son los mismos que pensaban que algo semejante ocurriría si procedían contra Maduro. Todos los que apoyaban a Maduro apoyan ahora abiertamente la intervención norteamericana, comenzando por la cúpula chavista. La gente no salió a la calle a defenderlo. Una batería de denuncias de la oposición contra el expresidente disminuiría las reacciones a su favor. Después de todo, ¿quién quiere defender a un corrupto?
No puede decirlo, pero una acción como la que he descrito le vendría como anillo al dedo a Claudia Sheinbaum. Se quitaría por fin la losa que lleva encima. Podría mentir en sus conferencias y decir que ella nunca supo de los malos pasos de López Obrador, y que apenas lo conocía, como Delcy Rodríguez. Si algún periodista llegara a confrontar a Sheinbaum por esa cercanía, la presidenta podría decir que “no tiene información”. O peor aún, que “no tiene comentarios”.
En otros países, el juicio a los predecesores en el cargo es una muestra de salud democrática. Se cuidan de no cometer desfalcos por si acaso su sucesor lo somete a investigación. Aquí en México, por el carácter sacrosanto de la institución presidencial, salvo Luis Echeverría, los presidentes gozan de un retiro tranquilo.
Irónicamente, López Obrador rompió esa tradición al convertir a Calderón en su bestia negra. El desprestigio que quiso arrojar contra Calderón, en una de esas vueltas que da la vida, puede ahora revertirse en su contra. A miles de familias que perdieron a alguno de los suyos durante la pandemia no les parecería mal ver a López Obrador portar un flamante uniforme anaranjado.


