Aventurera

El régimen de la Revolución fue resultado de una serie de guerras civiles que inventaron después ese evento para legitimarse. La facción ganadora se instaló en el poder, aunque no era aceptada por todos. Se le rechazaba en el Bajío, que eventualmente se rebeló y fue derrotado, y no se le reconocía como algo distinto en el sureste, por donde no pasó la dichosa Revolución. Para las mayorías, era el reemplazo de un sistema autoritario por otro, después de un cuarto de siglo de violencia y destrucción.

Conforme las cosas se tranquilizaron, y la economía pudo recuperarse, la falta de legitimidad empezó a costar. No obstante el esfuerzo cardenista por reemplazar a las viejas estructuras sociales, las tensiones no cedían. Se buscó entonces obtener la legitimidad mediante la aprobación popular, es decir, mediante elecciones que tuvieran algo de creíbles. Por eso la reforma electoral de 1964, seguida por la más amplia de 1977.

El derrumbe del régimen con la crisis de 1982 no fue enfrentado con más libertad, sino con una contrarreforma, impulsada por Manuel Bartlett, que en 1986 hizo inoperante el sistema electoral, que por ello se cayó en 1988, amplificando la reacción ciudadana. Después de una nueva crisis, en 1995, entramos de plano en la búsqueda de una democracia de verdad con la reforma de 1996, que permitió la derrota del PRI en 1997, y su desplazamiento de la Presidencia en 2000. Las reformas que siguieron ya no tuvieron esa amplitud de miras, sino que se usaron para apaciguar a los profesionales del resentimiento y la movilización.

Eso es lo que estamos pagando ahora. Esos profesionales, que fueron minando el sistema democrático para poderlo colonizar, alcanzaron la Presidencia en 2018, con la combinación de sus habilidades para la movilización y el engaño, la reacción de los damnificados de las reformas del Pacto por México, y los errores del gobierno de Peña Nieto que podemos ejemplificar con el “gasolinazo”. Aun así, perdieron la siguiente elección, en 2021, en la que no pudo existir una mayoría de oposición debido al esquirolaje de Movimiento Ciudadano, escudado en su “estrategia” de ser la tercera vía.

Para 2024 no corrieron riesgos: se usaron todos los recursos del Estado para ganar la elección, desde la inversión en proyectos aparatosos, pero inservibles, incluyendo el falseo de datos, hasta la compra de votos, vía reparto de efectivo en pensiones, pero también directamente el día de la elección y su víspera. No hay que olvidar la acción directa contra operadores de la oposición, usando a la policía y a los socios del crimen organizado.

El costo de esa elección se está pagando ya con una economía deteriorada, que implica creciente descontento. La asociación con los criminales ya es también un costo. Es imposible que repitan lo que hicieron en 2024. Por tanto, necesitan evitar elecciones libres y equitativas, so pena de perder el poder. En su imaginación, pueden regresar el reloj hasta el año en que yo nací, eliminando por completo a los diputados de mayoría relativa (plurinominales), terminando con la autonomía e independencia del INE, y cancelando el financiamiento público a los partidos. Creen que son la reencarnación del régimen de la Revolución.

Ya conoce usted mi descripción del movimiento: excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente. Lo confirman ahora. De entrada, corren el riesgo de acabar con su coalición, porque tanto el Partido Verde como el PT ven estas propuestas como amenaza. Hacia afuera, fortalecen la preocupación internacional por el deterioro de México, en un contexto particularmente difícil. En el fondo, no entienden que lo que sostenía al régimen antes de 1964 no era otra cosa que la victoria en las guerras civiles. Sin eso, su aventura autoritaria tendría que sostenerse repartiendo dinero (que ya no tienen), o mediante las armas. Sin controlar la mitad del territorio, en el contexto global actual, es una aventura estúpida. No podíamos esperar algo distinto, creo.