Pánico moral y poder: el mapa del ataque ultraconservador contra los derechos de la Ley de Identidad de Género

“A partir de hoy, la política oficial del gobierno de los Estados Unidos es que solo hay dos géneros: masculino y femenino”. Es 20 de enero de 2025 y con estas palabras Donald Trump da inicio a su segundo mandato presidencial. El mandatario no lo menciona, pero esa definición ya estaba escrita en el Proyecto 2025, una hoja de ruta ultra conservadora diseñada para la administración trumpista e ideada por la Fundación Heritage, que desde 1973 opera en el país del norte como think thank de las ultraderechas conservadoras.  

Cinco días después de que Trump diera ese discurso, Javier Milei se presenta en el Foro Económico de Davos y desarrolla los lineamientos de los que va a nutrir su batalla cultural. Lo hace con un discurso escrito por Agustín Laje, director ejecutivo de la Fundación Faro, un think thank local formador de cuadros políticos libertarios. “Quieren imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres sólo si así se autoperciben, y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión”, aseguró el presidente argentino ante un público formado por líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil que apenas soltó un leve aplauso al terminar su intervención. 

El binarismo de género es una parte muy importante del programa político de las ultraderechas globales. Desde los Estados hasta las fundaciones y las ONG's, en el ámbito privado y en lo público, el objetivo es volver a consolidar un orden binario instrumentando el pánico moral como estrategia: las personas trans pueden violar en una cárcel o matar a su contrincante en una pelea de boxeo, los gays son pedofilos y las feministas son violentas. En esas coordenadas está el meollo de la narrativa anti-feminista y anti-trans que levantan al unísono grupos conservadores en todo el mundo.

En Argentina,el discurso de Milei produjo una reacción inmediata: el 1 de febrero de 2025 se realizó la Marcha del Orgullo Antifacista Antirracista, el freno más grande que se le supo poner a la gestión de LLA hasta el momento. Pero apenas unos días después, el Presidente firmó el decreto 62/2025 que modificó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, vigente en Argentina desde 2012, y anunció que a partir de ahora se prohíben los tratamientos de hormonización y las cirugías en menores de edad. Desde las organizaciones LGTBQ+ explicaron que con ese anuncio se intentó desinformar y estigmatizar a las personas trans, ya que la ley vigente establece que los procedimientos de intervenciones quirúrgicas sólo pueden realizarse en mayores de edad. El objetivo del decreto fue impedir que adolescentes trans pudieran iniciar o continuar sus tratamiento con bloqueadores de la secreción hormonal, que determina la masculinización o la feminización, con la excusa de defender a las niñeces. Para justificar la medida, Manuel Adorni, flamante Jefe de Gabinete y por entonces vocero presidencial, citó el Informe Cass, un estudio encargado por el gobierno inglés y que se utilizó como argumento para prohibir los bloqueadores en la pubertad en ese país, a pesar de haber generado fuertes críticas por supuestos sesgos metodológicos, falta de evidencia robusta para tratamientos médicos (bloqueadores, hormonas) y tergiversación de datos.

El principio binario despliega una estrategia con un enorme caudal de facetas resumida en agenda woke y batalla cultural. En esas alianzas conservadoras se coordinan acuerdos y ataques concretos contra el enemigo común: la ideología de género, como llaman despectivamente al movimiento feminismo.

¿Debate moral o material?

Nuria Alabao, antropóloga e investigadora de los feminismos y las ultraderechas, describe en su libro Las guerras de género cómo se gestó la alianza entre liberales y conservadores religiosos a finales de la década del 60. “Cuando se habla de guerras de género, no se puede obviar que el género es central para estructurar el orden reproductivo de nuestras sociedades, es decir, cómo se organizan en ellas los cuidados o la reproducción de la mano de obra en términos capitalistas”, explica la autora y se arriesga a una hipótesis: la ultraderecha busca desplazar el conflicto a terrenos morales para atacar cuestiones políticas esenciales.

Economía y moral se combinan para traccionar el integrismo de antaño y la familia tradicional utilizando a la población LGTBQ+ como chivo expiatorio. Para eso, utilizan argumentos tan mentirosos como eficaces: la supuesta protección y cuidado de los niños y las niñas frente a una “ESI que adoctrina”, una Ley de Identidad de Género “promueve la mutilación de los cuerpos” y tratamientos que “borran a las mujeres”. 

“Las discusiones que se están dando tienen que ver con el vínculo entre el derecho a la potestad y la autorización para la ESI. Los sectores más conservadores quieren que la educación se de en las casas. ¿Y quiénes la darían? Las mujeres”, dice Maria Luisa Peralta, activista esbiana y estudiosa del mapa internacional, que sigue de cerca los debates en Naciones Unidas y en la OEA (Organización de los Estados Americanos). “El objetivo es que muchas cosas sean privatizadas al interior de las familias, para que el Estado se desentienda de proveer esos servicios”, explica y agrega: “Me parece que hay que insistir mucho en que se nos usa las familias LGBT como la punta de lanza para generar escándalo, pero te diría que incluso que el ataque gigante es contra las madres que crían solas”.

En este sentido, la Ley de Identidad de Género, promulgada en Argentina en 2012, es un blanco muy atractivo para la ultraderecha que se esmera en programar ataques que van desde el lobby en el Congreso hasta los grandes conglomerados de las derechas radicalizadas como lo es la CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), la Red Política de Valores o el Congreso Mundial de la Familia, donde elaboran estrategias para intentar retroceder con la legislación LGBTQ+.

¿Cómo operan las organizaciones locales?

Carolina Zabala es de Neuquén y en mayo participó de una “Jornada de Concientización contra la Sexualización de los Niños y Grooming Institucional” en el Salón Azul del Senado de la Nación. Allí contó que en una exposición de la escuela de sus hijas reparó en un dibujo de un niño de 8 años: “Era un cuadro comparativo de que lo que antes era una nena ahora podía ser un nene y viceversa. Me llené de impotencia de solo pensar cuánto daño y confusión habían sembrado en ese niño”, aseguró en ese encuentro convocado por el senador de La Libertad Avanza, Juan Carlos Pagotto, y la Asociación Civil Padres Unidos.

Este tipo de eventos suceden con frecuencia en los salones de la Cámara Alta que preside Victoria Villarruel. En noviembre del año pasado se realizó el  “Seminario II: Género e identidad: El problema de la sexualización infantil” del que participaron la abogada Débora Ranieri, presidenta de Prodeci (Asociación para la Promoción de los Derechos Civiles), María José Mancino —quien sostiene que las personas trans padecen un trastorno esquizoide de la personalidad—, la periodista Claudia Peiró y Patricia Galarza, referente del grupo de madres y padres “Manada”, una organización de madres de “niños con disforia de género” que, al igual que Padres Unidos, tiene pase libre en el Senado. La línea de discusión se centró en expresar las preocupaciones sobre la aplicación de la Ley de Identidad de Género y cómo ésta atenta contra las niñeces.

“Nos dejan indefensos frente a un Estado que avanza sobre las libertades individuales”, dijo allí Graciela Spinelli, fundadora de Padres Unidos quien se presentó como madre de un niño de 11 años. “Los padres somos el primer eslabón en la educación de nuestros hijos y es nuestro deber protegerlos. Por eso, queremos decir a la sociedad, a quienes legislan y nos gobiernan, que no nos vamos quedar de brazos cruzados frente al adoctrinamiento en las aulas”, aseguró en su exposición y argumentó que la Ley de Identidad de Género trae consecuencias como la hipersexualización infantil y daños psicológicos.

Por su parte, Patricia Galarza, referente de Manada, participó en agosto de una conferencia en la Legislatura porteña donde alertó sobre el impacto de los tratamientos médicos y quirúrgicos en menores de edad. “Es necesario modificar la Ley de Identidad de Género y el Código Civil y Comercial, que hoy permiten al Estado decidir por encima de los padres bajo la figura de autonomía progresiva”.

En esa misma línea, la legisladora porteña Lucia Montenegro, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de Ley para modificar el Programa de Salud Integral para las personas trans argumentando que “la promoción de las ”infancias trans“ constituye en ”negocio siniestro que manipula a niños inocentes a someterse a cambios de sexo, muchas veces con intimidación o amenazas a padres ingenuos, quienes acceden ante la amenaza de que sus hijos podrían suicidarse“.

La federación evangélica y las organizaciones ultracatólicas

A principios de noviembre de este año, Milei invitó al pastor evangélico Gabriel Ballerini y a otros referentes a celebrar en Casa Rosada el Día de las Iglesias Evangélicas. “A los liberales como él les interesan más los temas económicos y a los que somos conservadores nos interesan más los temas de la batalla cultural que tiene que ver con conservar valores cristianos pero no vinculados a la agenda privada sino a la agenda pública”, aseguró entonces Ballerini.

El pastor cobró notoriedad en 2018 por su activismo en contra de la ley de interrupción del embarazo y su participación en el movimiento “Con mis hijos no te metas”. A partir de allí, dio sus primeros pasos en la política partidaria junto a José Gómez Centurión y Cynthia Hotton, también integrante de ACIERA y muy visible en el debate por el aborto en 2018. Luego de visitar la Casa Rosada, Ballerini celebró la presencia histórica que tiene el evangelismo en el nuevo Congreso tras las elecciones legislativas. “Para el mundo evangelico es la primera vez que tenemos tantos representantes tanto en Diputados como en el Senado, y eso ayuda a alcanzar objetivos que tienen que ver con la batalla cultural”, aseguró durante una entrevista en Infobae.

La última edición de La Derecha Fest fue una muestra de la alianza entre el Gobierno libertario y las iglesias evangélicas. El panel inaugural, llamado Batalla espiritual, fue encabezado por Ballerini, el filósofo Rigoberto Hidalgo y la diputada y pastora de la iglesia evangélica Cita con la Vida, Evelyn Barroso, nuera de Carlos Belart, persona influyente en el mundo evangelico y vicepresidente de Relaciones internas de ACIERA: “Si no apoyamos al presidente Mieli, vuelven peor que nunca. Lo que vemos con el evento de «infancia trans» es solo un anticipo”, publicó Barroso en un video de la red X para boicotear el Congreso de niñeces y juventudes trans previsto para el 17 de noviembre en el Teatro Ciudad de las Artes, Universidad Provincial de Córdoba. La maniobra de boicot a eventos organizados por personas trans ya sucedió en la provincia de Tucumán en donde se vieron obligadas a suspender el evento por hostigamiento. 

Según un estudio del CONICET, de 2019, el 15,3% de la población argentina profesa la fe evangélica, unas siete millones de personas. En 2008, la cifra era del 9% lo que demuestra el crecimiento del mundo evangelico en la última década. Pablo Semán, sociólogo que estudia el crecimiento y la influencia de las iglesias evangélicas y pentecostales en América Latina, advierte que no hay una representatividad única en el sector y que, si bien ACIERA agrupa a una porción significativa, la realidad evangélica está mucho más marcada por iglesias pequeñísimas. Según sus estimaciones, el 70% de los evangélicos se congregan en iglesias de, como mucho, 100 personas.

Lugares estratégicos en el Estado

Milei llega al poder en diciembre de 2023 sin experiencia en gestión pública y con un partido nuevo que, hasta poco tiempo antes de las elecciones, no disponía ni de una mínima red territorial ni de apoyos económicos o sociales institucionalizados. 

En el libro Están entre nosotros, de Pablo Semán, aparece el concepto de fusionismo, clave para entender la estrategia y la identidad de la derecha radical en Argentina y cuáles fueron los pasos imprescindibles en la arena cultural que tuvo que dar la gestión de Javier Milei. El fusionismo no se refiere a una síntesis ideológica, sino a un mecanismo de agregación y convivencia política entre distintas vertientes históricas de la derecha en Argentina. En este sentido, hay una intención de introducir a liberales en lugares estratégicos del gobierno y a su vez se trata de tender puentes con los distintos sectores ultraconservadores locales. 

Uno de esos puestos claves es la Secretaría de Culto que, hasta hace unos pocos días, estuvo al mando de Nahuel Sotelo, representante de “Las Fuerzas del Cielo”, flamante diputado por la provincia de Buenos Aires y que responde a Santiago Caputo. Sotelo fue quien reemplazó al exdiputado neuquino Francisco Sánchez vinculado a la Red Política de Valores, cuyas conferencias “Cumbres Transatlánticas” tuvieron entre sus anfitriones a Viktor Orban en Hungría.

Otro de esos nombramientos fue el de Ana Belén Marmora, con experiencia en la organización ultracatólica Frente Joven, en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Junto a Agustín Romo, Marmora proviene del extremismo católico de los De La Torre en San Miguel, conocido bastión de la política anti-derechos en la provincia de Buenos Aires. Marmora estuvo en ese lugar hasta que nombraron en la Secretaría de Derechos Humanos —ahora subsecretaría— y pasó a ser Directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH).

A este entramado se suma la académica Úrsula Basset, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina (UCA) que fue eyectada de la Cancillería para pasar a la órbita del Ministerio de Justicia. En 2010 calificó la Ley de Matrimonio Igualitario de “disolvente” e “irrazonable” y tuvo un rol visible en el Senado contra el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

¿Batalla o guerra cultural?

A modo de recuento de fin de año, Agustín Laje publicó un extenso tuit enumerando “los logros” de la batalla cultural del gobierno de LLA. “La Argentina ha defendido el concepto biológico de mujer, contra la ideología de género que quiere borrar a la mujer en la agenda internacional en favor del concepto 'género'”, fueron las líneas dedicadas a su cruzada en contra de las personas trans y en sincronía con la visión de las feministas Terf.   

¿Es posible que muchos de los objetivos estratégicos que encuentran los libertarios en la llamada batalla cultural son compartidos también por buena parte del arco político? ¿Cómo conectan con un ánimo social que tiende al fascismo? La marcha del orgullo antifascista y antiracista fue convocada por el colectivo LGTBQ+, se federalizó y fue una maniobra transversal que conectó con una temperatura social opositora que se plasmó en la manifestación callejera. Resta ver si esa fibra sensible vuelve a activarse de algún modo: como rechazo, como esperanza o simplemente como desobediencia al proyecto de país que propone el gobierno que no solo excluye a las personas LGTBQ+ y feministas sino también a viejes, discas y pobres. Esa otredad sobre la que se tiende el manto del pánico moral para restituir un orden que solo funciona para unos pocos.

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Este artículo fue publicado por Latfem y es reproducido por elDiarioAR a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.