En medio de la disputa del Gobierno con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó la presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) contra la desregulación en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y trazó un paralelismo con la acción judicial que, según señaló, impulsó la AFA para impedir que los clubes elijan convertirse en sociedades anónimas tras el DNU 70/23. En ambos casos, sostuvo, se busca impedir la “opcionalidad” introducida por las reformas. Cámaras del sector dijeron que lamentan que no se comprendiera el planteo unánime del sector vitivinícola y de las provincias para mantener los mecanismos que garantizan la trazabilidad y reputación del vino argentino, y cuestionaron las comparaciones. Aseguran que tras agotar todas las instancias se vieron obligados junto a otras entidades a recurrir a la Justicia para proteger los derechos de propiedad de los productores primarios.

A través de un extenso mensaje publicado en la red social X, Sturzenegger recordó que el mencionado decreto habilitó a los socios de los clubes de fútbol a decidir si querían adoptar la figura de sociedades anónimas, una posibilidad que —según afirmó— fue llevada a la Justicia por la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, para impedir que los socios puedan elegir. De acuerdo con el ministro, una situación “similar” ocurre actualmente en el sector vitivinícola con la acción de amparo presentada por la AVM ante el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós.

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El funcionario explicó que, dentro del proceso de desregulación del INV, una de las medidas adoptadas fue que el Certificado de Ingreso de Uva (CIU) pasara de ser obligatorio a opcional. Según detalló, el objetivo fue que los productores que lo consideren útil —por ejemplo, para fines de trazabilidad— puedan seguir utilizándolo, mientras que quienes no lo necesiten dejen de estar obligados a realizar el trámite. En ese marco, señaló que, antes del cambio normativo, el 45% de los productores que estaban obligados a presentar el CIU luego no lo utilizaban.

“Asociación de Viñateros de Mendoza y el Chiqui Tapia, un solo corazón”, ironizó en el comienzo de la publicación y continuó diciendo que en el caso del fútbol, “dirigencias más profesionales no permitirían los desmanejos que hoy se han hecho visibles en el fútbol argentino. Algo similar ocurre hoy con una presentación judicial de la Asociación de Viñateros de Mendoza", continuó. Acto seguido recordó que recientemente desregularon fuertemente la actividad vitivinícola. ”Atrás quedaron miles de restricciones, obligaciones, trámites absurdos, injerencias indebidas, oportunidades de coimas… Podría seguir", retrucó.

Sturzenegger cuestionó que una entidad del sector solicite judicialmente que el CIU vuelva a ser obligatorio y planteó dos posibles interpretaciones sobre los motivos de ese pedido. La primera, indicó, es que el CIU funcionaba como una herramienta que concentraba información relevante sobre el movimiento y la comercialización de la uva, lo que —según expresó— podría facilitar mecanismos de control del mercado. La segunda interpretación, agregó, es que la eliminación de la obligatoriedad del CIU dificulta el cobro de una tasa vinculada a entidades del sector, en referencia a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), cuyo mandato, afirmó, venció en 2020.

“Como buenos discípulos del Chiqui Tapia, la Asociación se presentó en el Juzgado Federal No. 2 de Mendoza a cargo de Pablo Oscar Quirós, para pedir que vuelva a ser obligatorio el CIU. ¿Por qué un productor querría obligar a otro a una carga burocrática? Es curioso, ¿no? Porque no se le prohíbe a nadie. ¿Hacerlo obligatorio? Pero de entender esas curiosidades surge la verdad oculta de las cosas. Igual, antes de abundar en eso, vale aclarar que muchas voces se han pronunciado a favor de la desregulación y la opcionalidad del CIU. Ni hablar del INV, que es el órgano rector de la industria y que es quien ha impulsado esta medida. Estoy seguro el juez llamará a estas voces y considerará su opinión", afirmó.

Al apuntar a lo que definió como los intereses de fondo del planteo, utilizó una frase coloquial para referirse a los intereses que, según sostuvo, explican la presentación del amparo. “Vamos a pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Hay dos interpretaciones posibles (seguramente habrá otras) de por qué el pedido ante el juez Quirós. Una es que el CIU operaba como un mecanismo de control del mercado, ya que reunía información valiosa que permitía saber que uva se movía de un lugar a otro y sobre todo de qué uva entraba en el circuito de comercialización. Imaginen que en cualquier industria los actores seguramente querrían esa información, porque facilita el control y la cartelización del mercado. El valor del CIU emerge entonces como un instrumento esencial para la implementación de prácticas anticompetitivas. Ese podría ser un motivo para querer mantenerlo", acotó.

Después continuó que una segunda posibilidad fue evidente cuando un productor le escribió y le dice: “‘Pásame el escrito que presentó Zuccardi’ en alusión a alguien identificado con la Coviar, una entidad cuyo mandato venció en 2020 y que sigue cobrando (ilegítimamente a mi entender) un impuesto privado a la industria. Resulta que, sin el CIU, se les dificulta el cobro de esa tasa. Es muy triste ver que un sector que tiene tanto para dar quede rehén de estos intereses siendo que tiene mucho más para ganar en un ámbito de libertad. Es paradójico porque es una industria que ha sufrido las vejaciones del Estado como ninguna otra”.

Además, recordó que en 1934 Agustín Pedro Justo prohibió la producción vitivinícola fuera de Cuyo. “El ejército entró en Entre Ríos, uno de los lugares más tradicionales de producción en aquella época, a romper las bodegas. Incluso pinchaban los toneles derramando la producción. Muchos productores vieron una vida de trabajo diezmada de un día para otro por el poder autoritario del Estado. La larga noche tuvo que esperar hasta el año 1993 para que se levantara la prohibición. Inmediatamente, la industria se desarrolló en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Jujuy, Salta, Buenos Aires (en realidad en 17 de las 24 provincias argentinas) y también volvió a Entre Ríos, de donde 60 años antes el Estado la había desterrado. Como un recordatorio a ese ‘vinicidio’ la Bodega entrerriana BordeRío decidió llamar a su línea de vinos ‘Injusto’, un apropiado recuerdo sobre el poder corrosivo del Estado y de aquella norma del 34 de un presidente llamado Justo, que seguramente respondiendo a los pedidos de un lobby oculto, terminó haciendo una terrible injusticia", afirmó.

Para finalizar, reflexionó sobre las regulaciones. “Hoy es triste ver como algunos se escudan en la regulación, usando argumentos delirantes, para volver a hacer un daño, esta vez, a sus propios colegas. Por eso decimos con el presidente Javier Milei, que la regulación, en general, es mala, un lobo con piel de cordero. Esperemos, la Justicia se ponga del lado de la producción y la libertad, y no del lado de la regulación, las prácticas anticompetitivas y los intereses de una o dos corporaciones. La batalla contra la casta es a lo que nos llamó el Presidente Javier Milei. Será justicia. Para que no tengamos que seguir sumando nuevas versiones de injusto", cerró.

Respuesta

Tras conocerse la publicación del ministro, el presidente de la Coviar, Mario González, salió a responderle con dureza: “Lamentamos que, en el marco institucional de diálogo que mantuvimos en la última reunión realizada en el INV, no haya podido entender y comprender lo que todo el sector, más ministros de Producción y gobernadores de las provincias vitivinícolas, le explicamos, aclarando que son bienvenidas todas las desburocratizaciones, que son muy necesarias, pero que los dos puntos que funcionan bien y nos garantizan trazabilidad, genuinidad y reputación del vino argentino en el mundo deben mantenerse, y que todos, pero todos, los que vivimos de esta noble actividad le solicitamos que no era apropiado modificarlos".

El directivo también agregó que seguirán trabajando en conjunto con los gobiernos de las provincias vitivinícolas y con todos los organismos nacionales que quieran sumarse para el bienestar de la vitivinicultura argentina. “Igualmente, nos parece de mucha irresponsabilidad e ignorancia opinar de esta manera y con estas comparaciones. En ese sentido, por una cuestión de educación, no vamos a contestar en esos mismos términos", sintetizó.

En tanto, la AVM también repudió los dichos del ministro: “Expresamos nuestro profundo malestar y rechazo ante las declaraciones realizadas por el Sr. ministro en las que compara el accionar de nuestra entidad con situaciones totalmente ajenas, vinculadas al fútbol profesional y a disputas institucionales que nada tienen que ver con la realidad productiva de la vitivinicultura y mucho menos con nuestra asociación. La comparación no solo resulta desacertada, sino que banaliza una problemática seria que afecta de manera directa a miles de productores, trabajadores rurales y familias que dependen de la actividad vitivinícola. La vitivinicultura no es un espectáculo deportivo, es producción, es desarrollo económico genuino, es fuente de trabajo y es identidad cultural de nuestra querida Argentina".

En ese sentido, dijeron que AVM defiende a productores primarios (viñateros) de una economía regional que sostiene a más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y cuya principal preocupación hoy es la pérdida de seguridad jurídica, trazabilidad y transparencia derivadas de la resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura. “Nuestra posición no responde a intereses sectoriales concentrados ni a la resistencia al cambio, como se pretende insinuar. Por el contrario, hemos manifestado reiteradamente nuestro compromiso con una vitivinicultura moderna, eficiente y competitiva. Lo que no podemos aceptar es que, bajo el argumento de reducir burocracia, se elimine la obligatoriedad de herramientas esenciales que protegen al productor primario, eslabón más débil de la cadena, y que el 95% de la industria está de acuerdo en que así se mantenga. El CIU es un trámite necesario e indispensable: es el documento que acredita la propiedad de la uva, su procedencia, variedad, añada y condición, y es la única constancia oficial (bilateral) que respalda al viñatero frente a la entrega de su producción o a la elaboración por cuenta de terceros", extendieron.

Por eso, mencionaron que pretender la voluntariedad en su emisión deja al productor desprotegido, debilitando la trazabilidad desde el viñedo y favoreciendo la falta de transparencia en las relaciones comerciales, perjudicando en definitiva a toda la vitivinicultura. “Es de suma importancia resaltar que todo lo antes dicho es una postura consensuada por el sector, pues la misma fue manifestada en forma personal y mediante nota formal al ministro tanto por las cámaras que representan a los actores del vino argentino como por los gobiernos de las provincias vitivinícolas. Por ello, habiendo agotado todas las instancias de dialogo en el que todo el país y la industria se lo expresara, nos vimos obligados junto a otras entidades a recurrir a la Justicia, no buscando otra finalidad que proteger el fundamental derecho de propiedad de los productores primarios y el bien común de toda la vitivinicultura. No existe una industria más libre, que aquella que elige sus propias regulaciones", cerarrón.