El Director General de Correos, David Steiner, admitió el miércoles que quiere una norma que permita a su agencia bloquear las papeletas por correo de los estados que se nieguen a entregar sus censos electorales.
La concesión se produjo bajo el interrogatorio de la senadora Elissa Slotkin (D-MI) en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado — aparentemente sobre las finanzas del Servicio Postal de EE.UU., pero que rápidamente quedó dominada por una pregunta más importante: si el presidente Donald Trump ha convertido el servicio de correos en un arma contra la democracia.

"Ha intentado por todos los medios decir que si él y su partido no ganan en las elecciones de noviembre, fueron amañadas", le dijo Slotkin a Steiner. "Es solo otra forma encubierta de intentar influir en estas elecciones."
Ella le presionó con una pregunta sencilla: si una mujer de 60 años en Grayling, Michigan, deposita su papeleta de las primarias en un buzón después del 25 de junio, ¿la entregará el USPS?
"No tengo que ordenar al Servicio Postal que haga eso porque lo hacemos todos los días", respondió Steiner. "Eso es exactamente lo que hacemos."
"¿Entonces por qué está pidiendo, exigiendo en realidad, que se le presenten los censos electorales de Michigan — y de otros estados?" replicó Slotkin.
Luego lo confrontó directamente con la norma propuesta.
"Usted la ha propuesto", insistió ella.
"Así es", concedió Steiner.
"¿Entonces quiere que se apruebe?"
"Sí", dijo él.
"Está siendo utilizado como parte de una historia mucho más grande que este presidente está tratando de desarrollar, en la que no cree que las elecciones que pierde sean elecciones válidas", dijo Slotkin. "Por favor, resista ser un peón en este manual autoritario. No lo manche con la obsesión de este hombre."
El intercambio se produjo en medio de una carta reportada por MS NOW, firmada por los 47 senadores demócratas, que advierte que la norma propuesta convertiría al USPS en "una agencia federal de administración electoral — con aterradoras facultades para privar a los estadounidenses de sus derechos."
La norma propuesta está abierta a comentarios públicos hasta el 2 de julio, y 23 fiscales generales estatales ya han demandado para bloquear la orden ejecutiva subyacente de Trump.


