Tras la sanción de la reforma laboral promovida por el Gobierno en el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió dar vuelta la página y pasar a la judicialización para evitar la aplicación de la ley.

La central obrera marchó hoy a Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales. No tiene margen para un nuevo paro general en el corto plazo. Su protesta durante el tratamiento del proyecto fue magra y no logró torcer el rumbo de la reforma, aunque sí consiguió esquilar la versión original en algunos de los aspectos que preocupaban especialmente a la central obrera.

Ahora, buscará evitar que la normativa entre en vigencia o, al menos, trabar algunos de sus puntos.

Con la presencia de la cúpula de la CGT, se leyó un documento contra “la ampliación de las jornadas de trabajo hasta 12 horas”, “el fin de las horas extras” y, en efecto, “la reducción de los salarios”. Además, el mensaje de la central obrera apuntó contra “la eliminación de la sanción a los empleadores que no pagaron aportes, que la indemnización se pague en cuotas y a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con los aportes de los propios trabajadores, refinanciado la seguridad social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administraciones privadas”.

En paralelo, indicó que “no reconocer las nuevas formas de trabajo ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen” y que “reduce los aportes a las obras sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud”. También le atribuyeron a la reforma laboral “afectar el derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las vacaciones”, “habilitar los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria”, y de “coartar asambleas y recortar la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo, restringiendo el derecho de huelga”.

Por su parte, se rechazó el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Aparta del acceso al servicio de justicia social, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales. Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente”, se marcó al respecto.

Y agregaron: “Once de las catorce ramas de actividades que presentan a la totalidad de trabajadores del sector privado presentaron datos negativos en estos dos años de gestión. Como consecuencia, sumando tanto a asalariados como a los no asalariados, en los primeros dos años de este gobierno se perdieron más de trescientos mil empleos”.

Durante uno de los últimos tramos de la lectura, el documento también buscó diferenciar a la CGT de la dirigencia política, a la que le atribuyó la responsabilidad de la situación con mensajes entre líneas contra la conducción del peronismo. “Conviene recordarlo, la CGT no gobierna ni gobernó, no definió la estrategia electoral que condujo a la derrota política en las presidenciales del 2023, no participó del armado de las listas legislativas, no conduce el Estado ni las políticas económicas ni la macroeconomía, no diseñó la política fiscal ni la del Banco Central, la CGT, no emitió ni avaló la toma de deuda externa, no vota leyes ni firma privatizaciones”, expresaron.

El documento fue esbozado por dos oradores (una mujer y un hombre) en un escenario armado sobre uno de los márgenes de Plaza Lavalle, de espaldas a la escalinatas de Tribunales y frente a los afiliados que se congregaron con banderas, bombos y pirotecnia, aunque sin obstaculizar el funcionamiento del tránsito. Arriba de la estructura montada, se ubicó la primera plana de sindicalismo cegetista con el triunvirato conformado por Jorge Sola (Judiciales), Cristian Jerónimo (Vidrio) Octavio Argüello (Camioneros) a la cabeza junto a una treintena de secretarios generales.

“Nosotros venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar, confiamos en una Justicia que, efectivamente, va hacer cumplir la Constitución Nacional, que es lo que estamos reclamando”, sostuvo Sola al término de la protesta. Argüello, mientras tanto, se sumó a las críticas sobre el discurso de Milei en el Congreso. “No explicó cómo va a ser más trabajo, no explicó cómo va a llegar a la gente mejor y mayor dignidad, no lo explicó en ningún momento. Claramente, a estos modelos ya los hemos tenido y han fracasado, porque es un modelo para el veinte por ciento de los argentinos”, marcó el hombre de confianza de Hugo Moyano.

“Esperemos que los jueces actúen a derecho y sean respetuosos en función de lo que significan las leyes y la Constitución. Nosotros hemos tenido el asesoramiento de juristas y de abogados como Alberto García Lema, un experto en todo lo que significa los derechos constitucionales, y creo que la Justicia tiene que autorizar y reconocer que hay muchos artículos que afectan los derechos constitucionales”, apuntó Gerardo Martínez, jefe de la Uocra.

En ese sentido, si bien no le cerró las puertas a la posibilidad de reabrir un canal de negociación con el oficialismo (“No nos da miedo el diálogo, ni nos da miedo conversar, discutir y defender los derechos que nosotros representamos”, marcó), consultado sobre si la CGT analizará irse del Consejo de Mayo, el representante de la CGT en dicho órgano creado por el Ejecutivo fue tajante: “Ya terminó, ya pasó, no existe ahora”.

Antecedentes y tensión

Se trató de la segunda movilización de la CGT frente a Tribunales en lo que va de la gestión de Javier Milei. La anterior fue a finales de diciembre de 2023, poco después de la asunción del Presidente, en el marco de la primera Ley Ómnibus y el mega DNU 70/23, cuyos capítulos laborales finalmente quedaron sin efecto por decisión de la Justicia.

La semana pasada, el sindicato de judiciales, liderado por Julio Piumato, ya se había movilizado en la zona de Plaza Lavalle: tomó el lunes pasado un edificio del fuero laboral en rechazo al traspaso a la Ciudad. Ese día, jueces y empleados cesaron sus actividades en alerta por sus puestos de trabajo y por el futuro de las causas vigentes. Un día después, los judiciales hicieron un paro con movilización frente a la Corte.

Anoche, durante su encendido discurso en el Congreso, Milei atacó al kirchnerismo e hizo especial énfasis en los triunfos legislativos del oficialismo durante el reciente período extraordinario. Sin embargo, el Presidente no hizo cuestionamientos directos a la CGT.

Los secretarios generales, en sus últimos encuentros, hicieron un diagnóstico pesimista sobre el deterioro del entramado productivo nacional en medio de la disputa por la apertura de las importaciones. El foco estuvo puesto sobre los sectores más afectados por los despidos y cierres de plantas.

Otro foco de tensión, en estos días, es por la amenaza del Poder Ejecutivo de sanciones contra los gremios del transporte que se adhirieron a la pasada huelga nacional. Omar Maturano (La Fraternidad) es uno de los apuntados por el Gobierno, por haber detenido el transporte ferroviario durante la medida de fuerza, a la cual se adhirieron a último momento los colectiveros de la UTA. El titular de este gremio, Roberto Fernández, sin embargo, no participó del último encuentro en UPCN dado el frío vínculo con la actual conducción obrera peronista.

Por su parte, en el Ministerio de Capital Humano, que tiene dentro de su órbita a la Secretaría de Trabajo, dijeron a LA NACION que “las sanciones están siendo evaluadas y serán comunicadas”, aunque no especificaron alcances.