El 20 de febrero de 2026, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York informó que un grupo de colombianos se hacían pasar por abogados de inmigración, jueces y agentes federales para captar víctimas y cobrar por servicios inexistentes. En la investigación participó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Tres de los imputados fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey cuando intentaban abordar un vuelo con destino a su país de origen.

Tres hermanos colombianos arrestados en aeropuerto Newark por fingir ser abogados de inmigración

Las autoridades identificaron a los detenidos en su comunicado como Daniela Alejandra Sanchez Ramirez, de 25 años; Jhoan Sebastian Sanchez Ramirez, de 29; y Alexandra Patricia Sanchez Ramirez, de 38. Los tres son hermanos y nacieron en Ibagué, Colombia. Daniela y Jhoan residían en Green Brook, Nueva Jersey, mientras que Alexandra figura con domicilio en Colombia.

También fue arrestada Marlyn Yulitza Salazar Pineda, de 24 años, nacida en Ibagué y residente en North Plainfield, Nueva Jersey. La detuvieron en un restaurante de Nueva Jersey. El quinto acusado no se encuentra bajo la custodia de las autoridades de los Estados Unidos y no se informó su identidad.

Entre las agencias que participaron de la investigación que terminó en la detención estaba:

• La unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS, por sus siglas en inglés) del Uscis.
• Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés)
• La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS OIG, por sus siglas en inglés)
• La Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP-OPR , por sus siglas en inglés )
• El Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, entre otros.

El modus operandi de un bufete migratorio ficticio: cobraba miles de dólares

De acuerdo con el expediente, los imputados crearon una firma falsa llamada “CM Bufete De Abogados Consultoria Migratoria”. Bajo esa fachada, captaban potenciales clientes principalmente a través de Facebook.

Luego cobraban honorarios que oscilaban entre “cientos y miles de dólares” por servicios legales inexistentes, afirman en el comunicado.

Ninguno de los acusados ni sus co-conspiradores estaba autorizado para ejercer la abogacía en ninguna jurisdicción de Estados Unidos.

Tras recibir los pagos, enviaban documentos que aparentaban ser oficiales. En estos incluían símbolos de agencias federales y referencias a casos reales pendientes ante tribunales migratorios.

¿Cómo simulaban los estafadores las audiencias y entrevistas de asilo?

La acusación detalla que organizaron procedimientos migratorios ficticios por videoconferencia. Las víctimas participaban en supuestas entrevistas de asilo y comparecencias judiciales.

En esas sesiones, los detenidos se hacían pasar por jueces de inmigración, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas).

Para fingir ser abogados, vestían togas judiciales y uniformes policiales. Además, utilizaban fondos que imitaban tribunales u oficinas gubernamentales con sellos y banderas oficiales.

Durante las videollamadas hacían preguntas personales en las que solicitaban datos sensibles. Y en algunos casos informaban falsamente que los trámites habían concluido con éxito.

Las consecuencias para las víctimas y alcance del fraude de los falsos abogados de inmigración

Según la fiscalía, al menos una víctima fue deportada por no presentarse a su audiencia real en la corte migratoria. La persona creyó que su caso estaba resuelto tras participar en uno de los procedimientos simulados. La orden de deportación fue revertida posteriormente.

La investigación identificó más de US$100 mil en transacciones fraudulentas enviadas por víctimas a los acusados y a otras personas vinculadas con el falso bufete. Los acusados remitían los fondos a Colombia, según señalaron las autoridades.

El fiscal federal Joseph Nocella, Jr. afirmó que los acusados “socavaron la integridad del sistema migratorio” al suplantar jueces y funcionarios.

El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, Joseph V. Cuffari, sostuvo que rendirán “cuentas a cualquiera que cometa fraude o suplante funcionarios del gobierno”.

Por su parte, Ryan Hill, agente especial interino a cargo de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en Nueva York, calificó la maniobra como un “esquema ilegal” que afectó a cientos de posibles víctimas.

Cada acusado enfrenta penas de hasta 20 años de prisión si resulta condenado. La causa tramita bajo el expediente 26-CR-37 (SJB) en el Distrito Este de Nueva York.