Tras obtener el miércoles pasado la media sanción en el Senado, el proyecto de modernización laboral reavivó la grieta en torno al mercado de trabajo: para algunos implica un retroceso en derechos; para otros, es una actualización necesaria de un régimen que lleva medio siglo de vigencia.
En ese contexto, el abogado laboralista Julián de Diego defendió la necesidad de modificar el régimen vigente y aseguró que sostener la normativa actual no es una opción viable frente a los cambios tecnológicos y productivos de las últimas décadas.
En diálogo con Radio Con Vos, el especialista -que asesoró al Gobierno durante la etapa de redacción inicial del proyecto de ley- sostuvo que la discusión debe centrarse en si el marco legal responde o no a la realidad del empleo.
Para De Diego, la reforma es necesaria. “La propuesta de mantenernos en la vieja ley es también un disparate”, afirmó al recordar que la Ley de Contrato de Trabajo tiene 50 años.
Según explicó, en ese período el mundo del trabajo cambió profundamente por la irrupción de nuevas tecnologías y nuevas modalidades productivas. A su juicio, sin mayor libertad contractual para adaptarse a esas transformaciones, el sistema queda rígido y pierde eficacia.
El abogado también vinculó la necesidad de reforma con los datos del mercado laboral. “Hace 14 años que el empleo en la Argentina no sube más de 6 millones”, remarcó en referencia al trabajo registrado. Además, señaló que desde 1991 la economía informal se triplicó: “hoy existen 8 millones de trabajadores en negro”.
No obstante, aclaró que la ley por sí sola no crea puestos de trabajo: “La ley no genera empleo. La ley es un esqueleto”. El crecimiento económico, remarcó, es el que finalmente impulsa la creación de empleo.
En ese sentido, sostuvo que la función de la reforma no es crear empleo por decreto, sino generar un marco más previsible para la inversión. Según planteó, si el régimen laboral no acompaña los cambios productivos, desalienta la contratación formal y termina empujando a empresas y trabajadores hacia la informalidad.
Para el especialista, actualizar la normativa es una condición necesaria, aunque no suficiente, para que el crecimiento económico pueda traducirse en más empleo registrado.
Uno de los puntos más cuestionados de la reforma es la propuesta de incorporar un banco de horas. De Diego rechazó que implique la eliminación de horas extras o una herramienta inédita.
“El banco de horas no es nuevo en Argentina”, aseguró y recordó que se aplica desde 1991 en empresas mineras, shoppings y centros comerciales con fuertes picos de demanda.
También rechazó que con la implementación de esta medida el trabajador quede sometido unilateralmente al empleador. Sostuvo que los bancos de horas vigentes -que son alrededor de 130 en el país- fueron acordados por convenio colectivo, lo que implica participación sindical. Y en los sectores donde no hay representación gremial, se requiere la aprobación del Ministerio de Trabajo.
Respecto a la remuneración, fue categórico: “Tampoco es cierto que se pierdan las horas extras”. Según explicó, en los esquemas de banco de horas el trabajador no cobra horas extra cada vez que extiende la jornada, sino que percibe un salario más alto desde el inicio.
Ese sueldo -que suele ubicarse entre un 30% y un 60% por encima del básico de convenio- ya contempla que habrá días en los que trabaje más horas y otros en los que trabaje menos o no asista, dependiendo de la demanda.
Donde sí marcó diferencias fue en la modificación vinculada a las licencias por enfermedad, que fue incorporada horas antes de la votación en el Senado.
“Lo que se incorporó dos horas antes de la votación en el Senado no estaba en ningún borrador”, afirmó. Según explicó, la motivación habría sido el aumento del ausentismo en Pymes, que no cuentan con estructuras médicas propias para verificar certificados.
Sin embargo, fue crítico sobre la solución adoptada: “Que la Pyme esté desprotegida no quiere decir que el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo sea eficiente para resolver este problema. Para mí no lo es”.
En esa línea, anticipó que el artículo va a cambiar durante el tratamiento en Diputados o mediante una corrección posterior. De hecho, la senadora de La Libertad Avanza y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya adelantó que el Gobierno modificará el punto referido a enfermedades severas para mantener el 100% del salario en esos casos.


