Las 40 horas

Roberto tiene una tortillería en Iztapalapa con ocho empleados. Cada quincena, antes de pagarse a sí mismo, enfrenta las cuotas del IMSS, el Infonavit, la nómina con aguinaldo y prima vacacional prorrateados, el ISR retenido y, desde hace poco, los costos del nuevo régimen de vacaciones ampliadas. Roberto no llega a los cuarenta años y ya tiene úlcera. 

Hoy, con la aprobación en el Senado de la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, Roberto se pregunta lo mismo que miles de medianos y pequeños empresarios: ¿cómo voy a cubrir las mismas horas de operación con menos tiempo de trabajo por empleado y sin reducirles el sueldo?

La respuesta oficial es que será gradual, dos horas menos por año hasta llegar a 40 en 2030, y que todo estará bien. Lo que no dicen es que alguien tiene que pagar la cuenta. Y ese alguien no es el gobierno.

Chile ya recorrió este camino. Los resultados están a la vista. En 2023, bajo el impulso ideológico del gobierno de Gabriel Boric, se aprobó la Ley de 40 Horas que reduce gradualmente la jornada de 45 a 40 horas semanales. Los promotores prometieron bienestar sin costo. La realidad ha sido distinta: el Banco Central chileno documentó que la reducción de jornada, junto con el alza del salario mínimo, ha tenido incidencia negativa sobre el empleo.

Desde 2023, la creación neta de empleo formal ha sido nula o negativa según los registros administrativos de cotizantes. El desempleo se mantiene por encima del 8%, la informalidad creció en más de 550 mil personas entre 2022 y 2024, y los avisos de empleo privado cayeron 24%. El resultado: un mercado laboral estancado que empuja a los trabajadores hacia la precariedad que supuestamente se combatía.

México parte de una posición aún más vulnerable. La tasa de informalidad laboral alcanzó 55.4% en el tercer trimestre de 2025, su nivel más alto en tres años, lo que significa que 33 millones de personas trabajan sin seguridad social ni prestaciones. Imponer restricciones adicionales al empleo formal no reduce esa brecha; la amplía. Las PyMEs, que generan siete de cada diez empleos, deberán reorganizar turnos, contratar personal adicional o simplemente absorber el golpe. Muchas no podrán. Y cuando una PyME no puede, el empleo no desaparece: migra a la informalidad o se terceriza a países con marcos laborales más flexibles.

Eso es lo que no entiende o no quiere entender el bloque legislativo que hoy aprobó esta reforma con 103 votos a favor. Se legisla para el aplauso, no para la realidad productiva. Se modifica el Artículo 123 constitucional con la grandilocuencia de quien cree que un derecho se materializa por decreto, cuando en los hechos más de la mitad de la fuerza laboral mexicana opera al margen de cualquier norma constitucional. Es estatismo laboral puro: regular más lo que ya está regulado, mientras se ignora el universo informal donde ninguna ley llega.

La izquierda latinoamericana ha encontrado en la reducción de jornada su nueva bandera. Suena bien. Vende. Pero no resuelve. Porque el problema de México no son las horas que se trabajan, sino las condiciones en las que se trabaja. Roberto, el de la tortillería, no necesita que le digan cuántas horas pueden trabajar sus empleados. Necesita que el costo de ser formal deje de ser una condena.

Mientras eso no ocurra, las 40 horas serán solo eso: un espejismo constitucional para un país que se ahoga en informalidad.