Provocando a la Justicia

Terminada la feria judicial de enero, al retomarse el juicio oral esta semana, la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner elevó un pedido de nulidad y realizó duras acusaciones contra la ley del arrepentido y el origen de la causa denominada Los cuadernos de las Coimas, además de señalar presuntas irregularidades en el proceso. Detenida en su departamento de San José 1111, en cumplimiento de la pena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad, la exmandataria no participó de la audiencia.

Con el descaro que no ha dejado de cultivar, pese a su culpabilidad ya acreditada en este último expediente, uno de los tantos en los que se encuentra imputada, en junio pasado también calificaba de “totalmente arbitrario” el régimen de visitas a su domicilio que le impuso la Justicia luego de quedar firme aquella condena, obligándola a pedir autorización previa por fuera de la nómina de familiares, custodia policial, profesionales médicos y abogados defensores habilitados a ingresar a su vivienda. En julio, un fallo de la Cámara de Casación confirmaba dicho régimen junto con la obligación de que se mantuviera con tobillera electrónica por considerar que “cualquier flexibilización indebida del régimen de cumplimiento (...) podría debilitar la expresión pública de la condena”.

Desde entonces, la hemos visto seguir haciendo política partidaria ante un número importante de visitantes. Una de las más impactantes fotos del nutrido álbum que sigue subiendo a sus redes -de las que hace profusa utilización- permitió contabilizar nueve economistas sentados alrededor de una mesa presidida por ella como si siguiera en funciones oficiales. Ocurrió en ocasión del Día del Militante, otra provocación con la que sigue burlándose de todos. “No es la foto…. es la economía, estúpido” propinó en su ataque al “bestiario mediático”. “¿Cuál es el problema?” agregó revelando no comprender -y no aceptar- los alcances de su grave condición, con los mismos aires de estadista superada que la llevaron por años a reírse del sistema mientras daba ejemplos de perversión y deshonestidad que condujeron a su condena.

“Estaban autorizados”, se defendió extensamente en X, citando encuentros anteriores en los que había recibido a seis y siete personas y argumentando que lo que se le cuestionaba entonces era que se reunieran para hablar del modelo económico “que no deja de destruir empresas y puestos”. Sin embargo, no usó su verba inflamada y confrontativa para explicar cuánto de las ideas de esos economistas fueron las que sumieron al país en la bancarrota a la que nos condujeron sus años de desgobierno y corrupción.

Fue luego de este difundido encuentro que el juez de ejecución de pena en la causa Vialidad, Jorge Gorini, impuso nuevas limitaciones. Su proceder fue adecuado y lo celebramos, pues claro está que se incumplieron las reglas de conducta. Los encuentros ya no pueden ser más de dos por semana, durar un máximo de dos horas y siempre con no más de tres concurrentes, “cuestiones todas estas inherentes al carácter de sanción penal que motiva el encierro de la interesada”, señaló. “La reunión realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no solo demuestra falta de prudencia, sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad de ejecución de la pena de prisión impuesta”, agregó Gorini, con razón y justicia. De cualquier modo, pensar en que se autoriza la visita de 24 personas por mes, por fuera de familiares y allegados, sigue constituyendo una cuestionable desmesura para quien cumple una condena. Las demás reglas de conducta, todas ellas provisionales y susceptibles de ser revisadas en todo momento, se mantienen y tendrán revisión trimestral. En este nuevo contexto, fue que recibió la visita del diputado Juan Grabois y el exsenador Oscar Parrilli luego de su intervención quirúrgida por apendicitis en enero, en una clínica privada.

“La gravedad institucional de los hechos, el rol funcional y simbólico que tuvo la condenada en la maniobra defraudatoria, el monto colosal del perjuicio hasta ahora conocido ocasionado al erario público, y el impacto que ello ha tenido sobre la legitimidad democrática y la confianza ciudadana en sus instituciones, imponen un estándar más exigente en términos de ejecución”, había expresado enfáticamente el camarista Gustavo Hornos cuando avaló las medidas de control.

En función de dicho estándar se debería revisar también, por ejemplo, el acceso a redes y a comunicaciones telefónicas de la condenada, increíblemente habilitada a arengar a sus fanáticos en una plaza, en una reunión partidaria a puertas cerradas o en cualquier mitin, en su afán por conservar vivo el espíritu de sus debilitadas huestes. Con intenciones de seguir tallando en la política local, en el marco de una tan anacrónica como injustificada campaña “Cristina libre”, las mismas caras, con ideas probadamente fracasadas, vuelven a desafiar a la Justicia que ya la condenó en todas las instancias en la causa de la obra pública. A su calendario judicial, la expresidenta deberá sumar dos nuevas fechas sensibles por definirse: el inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces y por el del Memorándum con Irán, dos procesos que también la ubican en el centro de las acusaciones.

Celebramos que los jueces hayan dispuesto oportunamente restricciones para que San José 1111 no se convirtiera, además de una unidad básica, en sede de multitudinarias celebraciones de fin de año con brindis y bailes en el balcón. Una ciudadanía indignada recupera su confianza en la Justicia cuando ve que los magistrados están a la altura de las circunstancias, sin benevolencias, y dispuestos a revocar beneficios extraordinarios ajenos al mandato constitucional de igualdad ante la ley a quien se ríe descaradamente de todos dándoles un pésimo uso.