Un placebo para la inflación

Bajar la inflación es el legado que quiere dejar el presidente Milei. El resto de sus objetivos quedan siempre en segundo plano al igual que atender los costos asociados a su estrategia de desinflación.

Este año es clave: si la inflación cae será la primera vez desde la Convertibilidad que disminuye durante tres años consecutivos. Desde 1950 sólo se había producido una vez más, bajo la dictadura de Onganía entre 1966 y 1969. En ambos programas, el tipo de cambio fijo fue una pieza fundamental pero muy costosa con el paso del tiempo.

El anuncio del gobierno de postergar la actualización del índice de precios es otra muestra de la relevancia en términos políticos y de comunicación que tiene para el oficialismo mostrar inflación a la baja. Incluso si eso implica perder credibilidad. No existen argumentos técnicos válidos para esa decisión; hace tiempo es necesaria la actualización de los ponderadores del IPC para garantizar la representatividad de la medición. Se trata de un bien público central para facilitar el consumo y la producción.

Si se pierde la credibilidad en las estadísticas aumentan los costos y la conflictividad para empresas y trabajadores.

¿Qué proveedor o trabajador estará de acuerdo con actualizar su contrato con los datos del INDEC? En el mejor de los casos, se perderá tiempo para encontrar una nueva medición en la que ambas partes confíen. En el peor, puede retroalimentarse la inercia inflacionaria. ¿Y si vuelven aumentos de precios por cobertura ante la incertidumbre de no tener datos certeros?

El camino elegido respecto a las estadísticas socava la confianza en los hacedores de política económica. Un activo que si aparece una nueva crisis será clave para calmar las expectativas. Tanto con la metodología actual como la que se había anunciado para enero, nuestra estimación desde Analytica marca en el primer bimestre del año una desaceleración respecto al 2,8% de inflación mensual de diciembre pasado. En consecuencia, la postergación en la actualización del índice puede estar más relacionada con lo que se espera para los próximos meses.

En la columna anterior señalé que el gobierno iba a profundizar el ajuste sobre los subsidios económicos ante la inflexibilidad de otras partidas y una recaudación que no repunta, como sucedió en enero con una caída real del 7% respecto a un año atrás.

A su vez, el equipo económico en repetidas presentaciones indica que tiene como objetivo regresar al esquema de precios relativos del primer semestre del 2019. Para tal fin, los precios de las tarifas de electricidad y gas, entre otros, aún tienen que seguir creciendo por encima del resto. Seguir ese camino utilizando la nueva metodología para medir la inflación genera en algunos meses publicar porcentajes relativamente más altos.

Es así porque la actualización reconoce un mayor peso de las tarifas de servicios en los gastos de los hogares. Una conclusión obvia para cualquier consumidor, pero que también surge de la encuesta que hizo el INDEC entre el 2017 y el 2018. Es importante considerar que algunas direcciones de estadísticas provinciales ya utilizan esa encuesta, como por ejemplo la de la Ciudad de Buenos Aires.

Generar sospechas sobre la veracidad del dato de inflación reafirma la sensación de un sector de la sociedad de que la menor suba de precios no es real. Una conclusión que tiene una raíz en los cambios en los precios relativos – por ejemplo, debido a un mayor gasto en servicios como electricidad y menor en esparcimiento- y otra en la evolución de los salarios.

El último dato disponible, noviembre, marca una caída de casi 2% real del salario privado registrado respecto a un año atrás y de 1% en el público. La aceleración de la inflación en diciembre no permite ser más optimista para el cierre del año. A su vez, entendiendo que el crecimiento del empleo se produce en los cuentapropistas informales, hay un sector, cada día más representativo, del que no tenemos datos, pero que difícilmente esté mejor.

Eso pone en el centro de debate no la metodología, sino la estrategia para bajar la inflación. El mercado laboral está directamente condicionado por la misma. En las cantidades, porque el régimen macroeconómico golpea directo al mercado interno expulsando empleo registrado de sectores como industria y construcción. Mientras en ese contexto, bajo la coordinación del gobierno, las paritarias no logran recomponer los ingresos. El límite del programa económico, si no surge por el frente cambiario, podría venir del hecho de que una porción creciente de la sociedad no percibe los beneficios de una menor inflación.

Las comparaciones con otros periodos históricos son complejas. Los indicadores pueden ser similares pero el contexto, la sociedad, el mundo y la tecnología son muy diferentes. Sin embargo, los dos periodos históricos donde la desinflación se sostuvo más de dos años utilizaron el tipo de cambio fijo y la caída de los ingresos de las familias como anclas para los precios.

La historia en ambos casos mostró que son estrategias que tienen límites temporales claros. En consecuencia, el gobierno debería aprovechar el descenso de la inflación para implementar un programa de desarrollo económico que permita trasladar sus beneficios de manera transversal y sostenible.