El intento del gobierno de Campeche por contratar deuda pública por mil millones de pesos detonó una crisis política sin precedentes al interior del Congreso local y fracturó a la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El conflicto escaló hasta el rompimiento de 10 de los 16 diputados morenistas con la gobernadora Layda Sansores y derivó en la restauración del fuero constitucional para legisladores, en medio de acusaciones de persecución política y presiones judiciales.
Diputados de Campeche acusan imposición de crédito millonario
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La confrontación se originó en diciembre pasado, cuando el Congreso del Estado recibió la iniciativa de Ley de Ingresos 2026, que planteaba la contratación de nueva deuda.
El coordinador parlamentario de Morena, José Antonio Jiménez Gutiérrez, expresó públicamente que la propuesta debía analizarse a fondo y que se buscarían alternativas para no comprometer las finanzas del estado ni endeudar a la población.
La postura de Jiménez Gutiérrez fue interpretada por el Ejecutivo estatal como un desafío político. A partir de ese momento, desde el entorno de la gobernadora Layda Sansores se le acusó de traición, pese a que finalmente el Congreso aprobó el endeudamiento con candados sobre el uso de los recursos. Las diferencias, sin embargo, no se resolvieron.
El presidente estatal de Morena , Erick Reyes León, reforzó la narrativa de ruptura al señalar públicamente a Jiménez como responsable de dividir al grupo parlamentario.
La tensión se reflejó días después en la elección de la mesa directiva del Congreso, cuando diputados morenistas afines a la gobernadora se aliaron con Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y PVEM para imponer como presidente al legislador de MC, Paul Arce Ontiveros. El bloque de 10 diputados cercanos a Jiménez votó en contra.
El conflicto alcanzó un nuevo nivel el domingo pasado, cuando policías ministeriales cercaron el Palacio Legislativo tras la instalación del periodo ordinario de sesiones.
Aunque la Fiscalía General del Estado negó que existieran órdenes de aprehensión contra diputados, versiones internas señalaron que al menos dos legisladores estaban en riesgo de ser detenidos.
Ante ese escenario, Jiménez Gutiérrez denunció persecución política y decidió permanecer en el Congreso. Junto con su grupo, realizó ajustes internos en la bancada y, en sesión reservada, aprobaron reformas a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para restaurar el fuero constitucional, eliminado desde 2016.
La restitución del fuero beneficiaría a legisladores con investigaciones en curso, incluido el propio Jiménez Gutiérrez, indagado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción, así como a Paul Arce Ontiveros y al diputado morenista Gaspar Nah Miss.
No obstante, la reforma aún debe publicarse en el Periódico Oficial del Estado y puede ser vetada por la gobernadora Sansores, lo que mantendría abierto el choque político en Campeche.
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