El debate pendiente: la polémica entre apertura y proteccionismo

La tradicional e irresuelta disputa entre proteccionismo y aperturismo irrumpió de manera sorpresiva e inusualmente desenfrenada por parte del Presidente, que había prometido no insultar más ni acusar sin fundamentos y se insinuaba más cuidadoso de las formas. Genera curiosidad que, tratándose de una transacción entre privados, el Gobierno haya decidido transformar el caso Techint en una cuestión de debate público, ofreciéndole a una oposición inerme, desarticulada y sin brújula la oportunidad de abroquelarse en torno a un tema tan vigente como espinoso en todo el planeta, gracias a una postura oficialista extrema y anacrónica. Debido a las amenazas de destrucción de empleo de la inteligencia artificial, al impacto en regiones y comunidades que vieron desaparecer su forma de vida y sociabilidad como resultado de la relocalización de grandes empresas en países con mano de obra más barata y exigencias regulatorias casi inexistentes y a nuevas prioridades geopolíticas (en especial en relación con la previsibilidad en la cadena de abastecimiento de insumos estratégicos), todos los gobiernos serios del mundo adoptaron una postura más pragmática y atemperada en relación con los criterios vigentes en las etapas iniciales del proceso de globalización hace casi medio siglo.

Por eso, hace tiempo que la academia, los organismos internacionales y los gobiernos de países desarrollados y los más sofisticados de los emergentes discuten qué tipo, objetivos e instrumentos de política industrial son los más adecuados y eficientes: ya no se discute el “qué” sino los “cómos”. Autores consagrados como Dani Rodrik contribuyeron de manera muy significativa. En nuestro medio, Martin Alfie y Federico Merke se sumaron a una larga tradición en la que sobresalen economistas como Raúl Prebish, Marcelo Diamand y Bernardo Kosacoff. Curiosamente, gobiernos “productivistas” o con tendencia a privilegiar visiones heterodoxas ignoraron las enseñanzas de este proteico intercambio sobre política industrial.

Podría argumentarse que fueron víctimas de su imprudencia fiscal y monetaria o de los desequilibrios heredados sin ser capaces de enmendarlos. Lo cierto es que implementaron políticas de subsidios y protección generalizadas e incongruentes, que ya habían fracasado o logrado resultados muy parciales en todas partes (incluido nuestro país), con costos enormes y mal distribuidos (pagados por consumidores y contribuyentes). Puede comprenderse que, por cuestiones ideológicas y sesgos profesionales, el gobierno de Milei desestime la literatura sobre la “nueva” política industrial. Pero es más difícil de comprender la pobreza intelectual y las ideas obsoletas que predominaron en experiencias que se veían a sí mismas como “progresistas” y consideraban que el Estado sí tiene un papel en términos de la promoción del desarrollo.

Estos temas adquirieron particular interés a partir de la llegada de Donald Trump al poder en 2016 y se reavivaron en el último año con la generalización y discrecionalidad con la que aplica tarifas en su segundo mandato para castigar y perdonar a muchos países, incluidos (¡sobre todo!) sus históricos aliados. A propósito, se espera que la Corte Suprema de EE.UU. dicte un fallo al respecto: en teoría, esta cuestión debería definirla el Congreso. Al margen de las evidentes y profundas diferencias filosóficas y prácticas que mantienen Milei y el titular de la Casa Blanca, lo interesante es que la visión de Trump se fundamenta en las prioridades geopolíticas de su gobierno: para defender el “interés nacional”, debe garantizar el acceso a insumos o bienes considerados fundamentales. Es decir, las capacidades del Estado están definidas en función de la defensa nacional. Los aliados de Trump deberían ser, en nuestro medio, los sectores más nacionalistas, incluido el peronismo más ortodoxo.

Esta controversia siempre despertó grandes pasiones en nuestro país. José Panettieri recopiló las visiones de los principales protagonistas de la Organización Nacional (en un volumen editado por el CEAL en 1983), que fue estudiado en profundidad por José Carlos Chiaramonte (Nacionalismo y liberalismo económico, Hachette, 1971). A su vez, en un artículo publicado en Investigaciones y ensayos (Núm. 58, 2009), Roy Hora examina a fondo la economía política de este tema, valorizando la gran contribución del cubano Carlos Díaz Alejandro, cuyo libro Ensayos sobre la historia económica argentina (Amorrortu, 1970) constituye una de las joyas más preciadas de la historiografía sobre nuestro país.

Así, la “época dorada” del desarrollo económico argentino, que Milei aspira a emular, estuvo caracterizada por una agresiva política arancelaria que protegió distintas industrias, como la azucarera y la vitivinícola, que impactaban en provincias como Tucumán, Jujuy, Mendoza y San Juan. Esto favoreció la conformación de coaliciones entre las élites del “centro” vinculadas a los intereses agroexportadores, sobre todo la de Buenos Aires, y una masa crítica de políticos del interior, fundamentales en el Colegio Electoral y para sostener mayorías en el Congreso.

Asimismo, el shock externo producido por la Primera Guerra Mundial, que implicó una interrupción en los flujos de comercio internacional, alimentó un “efecto sustitución” en nuestro país, con productores locales que trataron de satisfacer parcialmente la demanda doméstica. Dicho proceso, estudiado en detalle por Fernando Rocchi (se destaca su obra Chimneys in the Desert: Industrialization in Argentina During the Export Boom Years, 1870-1930, Stanford University Press, 2006), expone la agilidad, la capacidad de innovación y el espíritu empresario que siempre caracterizaron a nuestras élites económicas.

Luego de la Gran Depresión, y fundamentalmente a partir de la irrupción del peronismo, a través de instituciones como el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio), las políticas proteccionistas fueron más generalizadas e impactaron de forma determinante en la estructura productiva y en el empleo. Se configura así lo que Marcelo Cavarozzi denominó la “matriz Estado-céntrica” (MEC), un complejo mecanismo en el que el Estado pasó a cumplir un papel clave en la generación y distribución de riqueza que, lejos de resolver los problemas endémicos de balanza de pagos, los profundizó. Peor aún, por desmanejos fiscales y monetarios, fue el origen de los regímenes de alta inflación que explican la decadencia casi secular que sufre nuestro país. El pasado fin de semana, el portal Seúl publicó un excelente intercambio entre Pablo Gerchunoff y Sebastián Mazzuca que rodea esta temática.

A pesar de algunas experiencias con espíritu librecambista puntuales y parciales, siempre transitorias e interrumpidas como consecuencia de una combinación de crisis externas y fuerte conflictividad política y social doméstica, la Argentina sigue, luego de dos años de gobierno libertario, con uno de los coeficientes de apertura (exportaciones más importaciones con relación al PBI) más bajos del mundo.

En síntesis, aun mucho antes de las crisis de 1930, políticas proteccionistas consagraban, con pragmatismo y sensibilidad hacia determinadas “realidades provinciales”, esquemas que beneficiaban a determinados sectores de la producción. Esto no implicaba una excepción para las prácticas de la época. Pero plantea una contradicción flagrante con la visión ideologizada y fácticamente equivocada que Milei tiene sobre el tema. Tal vez si el Presidente revisara en detalle nuestra experiencia histórica, tendría una postura más mesurada y contemplativa respecto de los desafíos y las restricciones que enfrentan tanto su gobierno como los principales actores económicos del país.