La Argentina necesita discutir y modernizar su legislación laboral. Nadie en el entramado productivo desconoce que existen normas desactualizadas, procesos engorrosos y rigideces que no dialogan con la realidad actual del trabajo ni con los desafíos de competitividad que enfrentan nuestras empresas.
Desde la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), que nuclea a más de 250 cámaras empresarias bonaerenses, sostenemos desde hace años que el debate es necesario. Pero también creemos que una reforma mal diseñada puede generar el efecto contrario al buscado: más litigiosidad, más incertidumbre y mayor conflictividad.
Por eso advertimos sobre una serie de artículos incluidos en la propuesta de Reforma Laboral presentada por el Gobierno Nacional que, lejos de promover el empleo y la formalización, podrían abrir un escenario de tensiones permanentes entre empleadores y trabajadores, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
El núcleo de la preocupación está puesto en cinco artículos del proyecto -del 126 al 132-. Uno de los puntos más sensibles es la ampliación de responsabilidades del empleador frente a nuevas figuras de intermediación y contratación. Tal como están planteadas, estas disposiciones podrían incrementar la incertidumbre jurídica para las PyMEs, que muchas veces tercerizan servicios o trabajan con proveedores especializados. Cuando la responsabilidad se vuelve difusa o excesiva, el resultado no es más empleo, sino mayor cautela a la hora de contratar.
Otro aspecto conflictivo es la incorporación de mecanismos que podrían fomentar la judicialización de las relaciones laborales. La experiencia argentina demuestra que cada vez que se habilitan interpretaciones ambiguas o sanciones desproporcionadas, se multiplica la litigiosidad. Para una gran empresa puede ser un costo más; para una PyME, muchas veces, significa comprometer su continuidad.
También generan preocupación algunos cambios vinculados a las modalidades de contratación y a los esquemas de indemnización, que, en lugar de brindar reglas claras y previsibles, introducen nuevos grises normativos. La falta de certeza es enemiga de la inversión y del empleo genuino, especialmente en un contexto económico frágil.
Finalmente, advertimos sobre artículos que alteran el equilibrio en la negociación laboral sin contemplar las asimetrías reales del entramado productivo argentino. No es lo mismo una multinacional que una empresa familiar con diez empleados. Las leyes deben reconocer esa diversidad si realmente buscan ser justas.
Desde FEBA sostenemos una convicción profunda: las PyMEs y sus trabajadores no son partes enfrentadas, sino socios naturales de un mismo proyecto productivo. Las pequeñas y medianas empresas no existirían sin su familia de trabajadores, y millones de trabajadores no tendrían empleo sin las PyMEs.
Los datos son elocuentes. Las PyMEs representan entre el 40% y el 44% del Producto Bruto Interno y generan alrededor del 70% del empleo formal en la Argentina. Constituyen más del 99% de las empresas activas del país y son, sin discusión, la columna vertebral del aparato productivo nacional. Cuidar a las PyMEs es cuidar el empleo, el desarrollo local y la cohesión social.
Nuestras observaciones no buscan frenar el debate ni conservar privilegios. Todo lo contrario. proponemos revisar y corregir aquellos artículos que resultan conflictivos para forjar una ley que asegure estabilidad, certezas, previsibilidad y, fundamentalmente, equidad.
La Argentina necesita reglas claras y consensuadas, construidas a partir del diálogo entre el Estado, los trabajadores y quienes generan empleo todos los días en cada ciudad y cada pueblo.
Una reforma laboral que nazca del consenso será una herramienta de crecimiento. Una que ignore la realidad de las PyMEs corre el riesgo de convertirse en una nueva fuente de conflicto.
El desafío es grande. La responsabilidad, compartida. Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo y construir una legislación laboral que mire al futuro sin dejar a nadie afuera.


