Atentado a la democracia

La insistente iniciativa del gobierno de México por reformar la ley electoral permite distinguir algunas de las intenciones más perversas de Morena y sus compinches.

El patético y vergonzoso desliz de Pablo Gómez hace unos días, al escuchar las propuestas de la consejera presidenta del INE ante la comisión designada para dicha reforma, permite adivinar que, aun sin conocer el contenido de la iniciativa ni su redacción final, puesto que no se ha hecho pública, el riesgo para el INE es descomunal.

Gómez, que no es ningún novato en lides electorales o parlamentarias —posee el récord de mayor número de diputaciones y senadurías a su cargo en los últimos 40 años—, dejó escapar “no a la autonomía” del INE: “independencia sí, autonomía no”.

Una afirmación criminal para la democracia mexicana.

Simplemente porque todo organismo que Morena ha concentrado en el Ejecutivo al retirar o cancelar su autonomía se ha convertido, en los hechos, en un organismo descentralizado dependiente del gobierno. No libres, no autónomos, no desprendidos de una corriente partidista dominante, sino sometidos al gobierno.

Esto representa un retroceso insultante para la democracia mexicana.

El sistema electoral mexicano en su conjunto está en riesgo de vida.

Esta reforma, innecesaria y con calzador, rompe con la historia de provenir del gobierno en turno, no de la oposición, los partidos políticos o las organizaciones sociales.

Es el poder en turno y su partido quienes pretenden tomar control de los mecanismos, fórmulas, representantes, recursos y validación de las elecciones.

Desaparecer —como pretenden— la autonomía del INE significa volver a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación organizaba las elecciones, siempre ganaba el partido en el poder y era el propio secretario el que validaba la legalidad de los comicios.

Así fue por décadas hasta las reformas que dieron origen a la representación proporcional, a la apertura del Congreso a las minorías (Jesús Reyes Heroles 1977) y después, a la construcción, promulgación e independencia del entonces IFE (Instituto Federal Electoral).

Morena y la presidenta Sheinbaum pretenden eliminar la conformación del Congreso, reducir el número de diputados y senadores, cancelar de un plumazo la autonomía del INE y con ello tomar control absoluto de la jornada electoral. Esto incluye cómo se establecen las casillas, los padrones, las urnas, los ciudadanos y representantes que reciben y supervisan la elección, los conteos vitales para los resultados y, finalmente, la validación final del proceso.

Si todo eso regresa a manos del gobierno, la democracia mexicana sería asesinada por Morena, sus aliados, la presidenta Sheinbaum —vaya forma de pasar a la historia— y los Congresos y gobernadores que se atrevan —servilmente— a respaldarla.

¿Por qué será que los partidos de izquierda traicionan sus principios, discursos y plegarias libertarias y democráticas, para terminar modificando las condiciones con el fin de permanecer en el poder?

Es mucho más allá que una vergüenza la actitud cínica y deplorable de Pablo Gómez, un legislador de larga trayectoria, que vivió los tiempos de la aplanadora priista y luchó, mediante muchas iniciativas, comisiones, aguerridas votaciones, para emparejar el piso, equilibrar las competencias y abrir la representación política y legislativa a otras voces, formas de pensamiento y ejercicio político.

Hoy quieren ir a la inversa. Monreal, Pablo, los veteranos y auténticos luchadores de izquierda, que no los arribistas aprovechados como Adán Augusto, quieren desmantelar el régimen pluripartidista, representativo, de independencia y autonomía de los órganos electorales, para establecer la dictadura de Morena. ¡Increíble!

Quieren reproducir el fallido, fracasado y nefasto modelo cubano, venezolano, para que un solo partido y fuerza sea la dominante con el control del INE, de sus consejeros y de los comicios.

¿Es ese el lugar que Claudia Sheinbaum quiere en la historia? ¿La destructora de la democracia mexicana?

Décadas tardaron en arrancar al PRI el monopolio político del país; abrir el paso a la competencia electoral real, equilibrar las condiciones, no solo de financiamiento, sino de uso preferente de programas sociales, palancas de presión, recursos públicos.

Desde 1994 (el IFE se creó en 1993), los mexicanos acudimos a las urnas sin tener la certeza de quién iba a ganar, sino bajo las reglas y normas de una auténtica competencia.

Morena quiere volver a la era donde solo ellos obtienen los cargos. Lo sabemos de antemano. Ha sucedido desde que llegaron al poder.

Y es falso el argumento de “las mayorías nos apoyan”, “tenemos el respaldo del pueblo de México”. Mentira. Vean y lean las encuestas con precisión, observen el rechazo de la ciudadanía por la corrupción, la inseguridad, la falta de transparencia.

Los programas sociales crean la ilusión de un apoyo mayoritario.

Si esta ley es aprobada y cambian de raíz el sistema electoral, bien podremos despedirnos de la democracia mexicana para transitar —de regreso— a un régimen de partido único.