El Gobierno quiere aprobar sí o sí en el Congreso el denominado “Principio de Inocencia Fiscal”, un proyecto de ley que busca respaldar jurídicamente a los argentinos.
El eje de la iniciativa radica en fomentar la repatriación de los dólares que están “debajo del colchón”, con el objetivo de remonetizar la economía.
La propuesta oficial introduce una serie de modificaciones en el “Régimen Penal Tributario” y los “Procedimientos Fiscales”, pero también propone la creación del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Se trata de un esquema destinado exclusivamente a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, con ingresos de hasta $ 1.000 millones y patrimonio inferior a $ 10.000 millones. No se extiende a sociedades, fideicomisos ni otras estructuras jurídicas.
“El punto más disruptivo es la declaración jurada simplificada de Ganancias: elimina informar el patrimonio y consumo, y tiene efecto liberatorio si no hay ‘discrepancias significativas’ [ARCA no podrá aplicar presunciones en base a incrementos patrimoniales o gastos no justificados]. Menos carga burocrática, más empatía con el contribuyente“, subraya un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea.
De esta forma, el cambio más relevante para quienes opten por la declaración jurada simplificada es que ya no estarán obligados a informar la evolución patrimonial ni tampoco sus consumos.
El proyecto del Gobierno pretende incorporar, con carácter opcional, una forma simplificada de declaración del impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas.
Según lo indica el informe final que publicó el Consejo de Mayo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) propondrá una declaración prearmada que el contribuyente podrá aceptar con efecto liberatorio total del impuesto y presunción de exactitud, salvo que se detecten discrepancias graves o documentación apócrifa.
“Este mecanismo [régimen simplificado de Ganancias] busca reducir la carga administrativa, fomentar la formalización y enfocar los esfuerzos de fiscalización en los sectores de mayor riesgo”, señala el documento.
La propuesta, además, introduce un concepto sumamente importante para quienes se adhieran al esquema: el efecto liberatorio del pago.
“Se considerarán satisfechas sus obligaciones en concepto de Impuesto a las Ganancias del período fiscal en cuestión tanto desde el punto de vista formal como material, lo que implica que el contribuyente gozará del efecto liberatorio del pago con relación a ese tributo y período fiscal”, remarca el artículo 39 del proyecto de ley.
Habrá una “excepción” para el contribuyente que omita “la declaración de ingresos o el cómputo de una deducción improcedente y/o la utilización de facturas u otros documentos que resultaren apócrifos”.
Por otro lado, la iniciativa también añade otro término: “ la presunción de exactitud“. El proyecto, en su artículo 40, precisa que “se presumirá, sin admitir prueba en contrario, la exactitud de las declaraciones juradas presentadas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los períodos no prescriptos”.
Pese a ello, es necesario remarcar que el fisco podría impugnar la declaración jurada, siempre y cuando detecte "una discrepancia significativa entre la información declarada y la información disponible en sus sistemas o proporcionada por terceros”.
Por otro lado, el informe del Ieral plantea la necesidad de que el régimen simplificado se articule con el sistema de prevención del lavado de activos.
“El hecho de no requerir la declaración patrimonial en la declaración jurada simplificada no exime al contribuyente de obligaciones ante la Unidad de Información Financiera (UIF). Tampoco exime al Estado de su deber de monitorear posibles incrementos patrimoniales no justificados”, aclararon.
Otro punto a destacar es que el régimen simplificado de Ganancias no implica “una amnistía generalizada”, dado que no libera de impuestos no ingresados ni tampoco por incumplimientos en el pasado. Así lo definió el abogado tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez, cuando el gobierno de Javier Milei impulsó esta iniciativa.
En síntesis, es un esquema que busca simplificar trámites para algunos contribuyentes -personas humanas de patrimonios bajos y medianos-, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos.


