Los defensores ambientales, asesinados o víctimas de violencia por luchar contra la expansión de la agroindustria y la minería

La defensa de la tierra, de recursos naturales como el agua, contra la deforestación o la contaminación son algunos de los temas por los que cientos de defensores ambientales sufren amenazas o son asesinados en el mundo, ante la imparable agroindustria o la industria extractivista como la minería.

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Las personas defensoras del territorio y el ambiente son defensores de derechos humanos, según la organización internacional Global Witness que lleva desde 2012 contabilizando los casos de ataques y asesinatos y analizando la realidad de los defensores ambientales.

De acuerdo a sus datos, en 2024 fueron asesinados 146 defensores. Un número que se eleva a 2.157 asesinatos y 96 desapariciones contabilizados desde 2012, en un proceso realizado con la verificación de “diversas fuentes para garantizar su credibilidad”, aseguran.

Para asegurar las actividades de los defensores, en 2018 se firmó el Acuerdo de Escazú en la localidad que lleva su nombre en Costa Rica, un documento pionero en la defensa de los derechos y la protección de los defensores ambientales en Latinoamérica y el Caribe.

El Acuerdo de Escazú garantiza el derecho de acceso a la información ambiental, a la justicia en asuntos ambientales mediante mecanismos que garanticen la resolución de conflictos y la participación pública y recoge asimismo el “reconocimiento y la protección específica de los defensores ambientales”, un hito pionero en todo el mundo.

No obstante, otros tratados internacionales como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos recogen los derechos de los defensores del medioambiente como guardianes de la tierra, el agua, el aire, la fauna y la flora. Sin olvidar que la Agenda 2030 es la hoja de ruta para garantizar los derechos de las personas y el planeta a un desarrollo sostenible.

Sin embargo, los defensores de esos derechos en muchos lugares se quejan por ser hostigados ante la ampliación de las fronteras agrícolas para el cultivo de soja, algodón, maíz o palma por una agroindustria cada vez más expansiva en territorios de Sudamérica, Asia o África, donde sus actividades degradan el suelo, incrementan el uso de químicos potencialmente dañinos así como la usurpación de tierras indígenas o comunidades locales, donde muchos defensores alzan su voz.

La industria extractiva como la minería, ante la cada vez mayor demanda de minerales estratégicos para la economía, la tecnología o para uso militar ha dejando desde hace años huellas imborrables por la extracción de cobre a cielo abierto en Chile, una situación similar se denuncia por parte de pueblos indígenas y comunidades locales afectadas por la extracción de litio en Argentina, Chile o Bolivia.

El joven activista colombiano Francisco Javier Vera Manzanares aseguró a EFE durante su participación en un foro en Madrid que cuidar el medioambiente y mejorar la calidad de vida en términos sociales, económicos o de bienestar en general “son dos cosas que van intrínsecamente de la mano, porque tener un medioambiente sano es un indicador de bienestar, el medioambiente es un derecho humano”.

Las amenazas obligaron a este joven promotor de la ecoesperanza, defensor ambiental y creador del movimiento Guardianes por la Vida a salir de Colombia, país que según el informe de Global Witness en 2024 y por tercer año consecutivo fue el más mortal para los defensores ambientales.

En enero de 2025, el Consejo de Derechos Humanos presentó el Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el que se denuncia la vulnerabilidad con la que trabajan las personas que defienden el medioambiente y sus recursos.

La relatora especial Mary Lawlor considera que “muchos de los ataques y amenazas, así como los obstáculos prácticos, que impiden el trabajo de los defensores de los derechos humanos, están relacionados con su ubicación”.

Según Lawlor, “los asesinatos no son el único problema que afecta a los defensores de los derechos humanos en contextos aislados, remotos y rurales”. La relatora ya había recogido en el informe anterior que uno de los mayores problemas que afrontan los defensores es la marginalidad, personas que se encuentran lejos de la protección de las instituciones nacionales de derechos humanos y de las embajadas extranjeras.

La relatora subraya que muchos defensores alertan de que a pesar de los avances en relación con el derecho de consentimiento libre, previo e informado para proyectos que afectan a sus territorios, “los Estados no respetan ese derecho y las autoridades y las empresas lo violan o ignoran sistemáticamente”.

Por su parte, la organización Survival denuncia que el avance de las industrias extractivas, la agroindustria, el narcotráfico, proyectos de infraestructura, misioneros o el turismo y las redes sociales ponen en peligro a muchos pueblos aislados y sus defensores.

Precisamente, la Comisión Europea, con el voto de la derecha y extrema derecha, han simplificado las medidas de diligencia debida recogidas en la tan debatida Directiva Omnibus.

Por Lourdes Uquillas, para la agencia EFE.