MANILA, Filipinas – El tribunal anticorrupción Sandiganbayan ratificó su resolución de principios de este año para colocar a un alcalde de Pampanga bajo suspensión preventiva de 90 días por 194 casos penales pendientes relacionados con el escándalo del fondo Malampaya.
El alcalde, Rene Maglanque de Candaba, Pampanga, fue nombrado coacusado en 97 cargos por violación de la Ley Anticorrupción y Prácticas Corruptas y 97 cargos por malversación de fondos públicos, con base en una acusación formal de 2017.
Fue acusado junto con el fallecido secretario del Departamento de Presupuesto y Gestión, Rolando Andaya Jr., el exsubsecretario del DBM Mario Relampagos, el exsecretario de Reforma Agraria (DAR) Nasser Pangandaman, el subsecretario Narciso Nieto, la directora del Servicio de Finanzas y Gestión del DAR Teresita Panlilio, la excontadora jefe Angelita Cacananta y el director administrativo jefe Ronald Venancio.
Los acusados privados fueron la empresaria Janet Napoles y sus hijos Jo Christine y James Christopher; y los empleados Reynald Lim, Evelyn de Leon, Ronald Francisco Lim, Ronald John Bernardo Lim, John Raymund de Asis, Rodrigo Galay, Alejandro Garro, Paquito Dinso Jr., Gerald Apuang, Napoleon Sibayan y Winnie Villanueva.
Maglanque no logró obtener una prórroga de la tercera división especial del tribunal anticorrupción, que votó 4-1 para ratificar su resolución del 19 de enero que lo colocaba bajo suspensión preventiva, en su fallo de 18 páginas con fecha del 24 de abril. El tribunal denegó su moción de reconsideración y la moción ex-parte de extrema urgencia para suspender la ejecución.
Maglanque y la mayoría de sus coacusados permanecieron fuera de detención tras presentar una fianza reducida, a pesar de enfrentar 194 cargos penales, y no fueron inhabilitados para postularse a cargos públicos en ausencia de una condena firme.
Los fiscales informaron al tribunal en una manifestación del 3 de octubre de 2025 que Maglanque fue elegido alcalde de Candaba en las elecciones de mitad de período de 2025, lo que llevó al tribunal ese mismo día a ordenarle que explicara por qué no debería ser suspendido preventivamente como alcalde.
El artículo 13 de la Ley Anticorrupción y Prácticas Corruptas exige la suspensión preventiva obligatoria de los funcionarios públicos que enfrentan información válida, una norma respaldada por el Tribunal Supremo en un fallo de 2006.
Los magistrados asociados Fritz Bryn Anthony delos Santos, Sarah Jane Fernandez y Georgina Hidalgo se unieron a la opinión mayoritaria redactada por el magistrado asociado y presidente de la división Ronald Moreno.
El magistrado asociado Ermin Ernest Louie Miguel disintió, señalando que el acusado era un particular cuando se presentaron los casos y solo asumió un cargo público posteriormente. Afirmó que el carácter obligatorio del artículo 13 de la RA 3019, si se aplica "únicamente por una asunción sobreviniente de cargo público mucho después de que la persecución penal haya comenzado, extendería su aplicación más allá de las circunstancias que su texto contempla directamente". – Rappler.com

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